La verdad los hará libres | Sandy González
En un escenario donde la política y la educación se entrelazan de manera intrincada, la reciente reapertura del diálogo entre el Gobierno y la magisterial CNTE representa tanto una oportunidad como un reto para la estabilidad democrática en México. Tras casi dos semanas de huelga indefinida, marcada por protestas y bloqueos en la capital, las negociaciones parecen avanzar, pero no sin un costo político y social que vale la pena analizar.
La tensión ha quedado plasmada en la estrategia del sindicato, que no solo mantiene su demanda central —la derogación de la ley del ISSSTE que privatizó las pensiones— sino que también demuestra su poder de movilización, incluso en un momento crucial como la cercanía de las elecciones judiciales. La amenaza de boicotear los comicios, aunque matizada con declaraciones que indican que no están en contra del proceso electoral, revela la profundidad del disenso y la capacidad de presión del magisterio.
Por otro lado, el Gobierno, bajo la presión de mantener la estabilidad y garantizar la participación ciudadana en unas elecciones que podrían decidir el rumbo del país, ha optado por el método del diálogo formal y público. La invitación oficial, que busca forzar la disposición del sindicato, se convirtió en un elemento clave para evitar interpretaciones de rechazo que pudieran ser usadas políticamente en su contra. Sin embargo, la paciencia del Ejecutivo continúa poniendo a prueba su capacidad para manejar una relación tensa que ha tenido múltiples desencuentros en los últimos meses.
El conflicto también refleja la oposición entre modelos pensionales: el sistema de cuentas individuales gestionadas por Afores, implementado por la reforma del 2007, frente a las pensiones solidarias tradicionales. Mientras el sindicato reclama el retorno a un esquema que garantice mayores ingresos para los jubilados, el Gobierno sostiene que la derogación total no es viable por falta de recursos, proponiendo en cambio un conjunto de medidas parciales. La disputa no solo es económica, sino también ideológica, sobre cómo garantizar los derechos a la pensión en un contexto fiscal limitado.
En este escenario, la postura diferenciada entre el SNTE, que ha preferido un perfil más conciliador, y la CNTE, que mantiene una postura inflexible, evidencia las diversas alas del movimiento sindical magisterial y su impacto en la política oficial. La capacidad organizativa y la fuerza de movilización de la Coordinadora la convierten en un actor clave, cuya estabilidad o debilitamiento puede definir el rumbo de la reforma educativa y social en un momento en que la confianza en las instituciones está en juego.
La gestión del conflicto por parte de las autoridades revela la complejidad de conciliar intereses distintos en un país donde la tensión social y política suele estar al borde del estallido. La estrategia de mantener abiertas las puertas de Gobernación y Educación, mientras se busca una salida negociada, sugiere que, más allá de las palabras, prevalece el interés por evitar un boicot electoral que podría convertirse en un vergonzoso fracaso para la democracia mexicana.
En definitiva, el caso de la CNTE y el Gobierno ilustra una lucha por los derechos laborales y sociales en medio de un entorno electoral delicado. La resolución de este conflicto será un test para la capacidad del Estado y los actores sociales de dialogar y construir consensos, o de, por el contrario, sumirse en confrontaciones que alimenten la desconfianza y la polarización. La historia dirá si estas negociaciones marcarán un avance hacia la justicia social o si solo serán una pausa en una confrontación que aún promete desencuentros en el futuro cercano.
