En la carrera por definir el liderazgo de la transformación en Quintana Roo, la ética política parece haber quedado en segundo plano para quienes se ven superados en las preferencias. Ante el crecimiento sostenido de Rafael Marín en las encuestas, los grupos de poder adversarios han optado por reactivar las prácticas más arcaicas de la “vieja política”.
La reciente resolución del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), que impone medidas cautelares contra Marín Mollinedo, no se percibe como un acto de justicia ordinaria, sino como una maniobra estratégica de bloqueo. Cuando los números no favorecen en las calles, la estrategia se traslada a los escritorios judiciales; es un intento por ganar “sobre la mesa” lo que la voluntad ciudadana ya ha decidido en el territorio.
Es un secreto a voces en el estado que la desesperación ha permeado en las cúpulas que se resisten al cambio. Al utilizar al Tribunal como un ‘garrote político’, se está pervirtiendo la naturaleza de una institución que debería ser la máxima garante de la democracia. Este intento de inhabilitar o frenar una candidatura mediante el hostigamiento institucional es una señal inequívoca de debilidad política.
Sin embargo, esta estrategia de “guerra sucia” ignora un factor determinante: la vigilancia de la cúpula nacional. Las directrices dictadas desde la dirigencia de MORENA y el Ejecutivo Federal han sido tajantes: unidad, juego limpio y prohibición absoluta de usar recursos o instituciones gubernamentales para incidir en la contienda interna.
Al orquestar este ataque desde el TEQROO, los autores intelectuales no solo agreden a un contendiente, sino que desafían directamente los principios de transparencia y no intervención que la Presidenta ha exigido. Este “berrinche” institucional podría terminar siendo la condena política de quienes, por miedo a perder sus privilegios, han decidido jugar con fuego.
#Opinión y #Crítica: La Democracia Secuestrada
Lo que estamos presenciando en Quintana Roo no es solo un ataque contra un actor político; es un atentado directo contra el derecho de los ciudadanos a elegir libremente.
Resulta alarmante y vergonzoso que, en pleno 2026, los tribunales electorales sigan siendo utilizados como piezas de ajedrez por grupos que temen al relevo generacional o al liderazgo auténtico. La justicia electoral debe ser un árbitro neutral, no un SIC4RIO POLÍTICO a sueldo de la desesperación.
Quien recurre a la descalificación judicial para frenar a un adversario, admite implícitamente que no tiene los votos para ganarle en las urnas. El miedo de los opositores de Marín es proporcional al tamaño de su descrédito social.
La soberbia de estos grupos locales les impide ver que están rompiendo el pacto de unidad nacional. Están traicionando los principios de la transformación por un interés personal y mezquino.
Al politizar el TEQROO, le quitan credibilidad a futuras elecciones. Si el ÁRBITRO ESTÁ VENDIDO hoy, ¿QUIÉN CONFIARA EN LOS RESULTADOS DE MAÑANA?
Es hora de que la política en Quintana Roo deje de ser un juego de sombras y zancadillas. Intentar frenar a Rafael Marín mediante triquiñuelas legales no solo es una injusticia; es una prueba fehaciente de que el sistema que intentamos dejar atrás se resiste a morir, usando sus últimos alientos para intentar silenciar la voz del pueblo.
SI EL PROYECTO DE MARÍN ES TAN “débil” COMO DICEN SUS DETRACTORES, ¿POR QUÉ NECESITAN USAR A LOS JUECES PARA DETENERLO? La respuesta es obvia: le tienen pánico a la democracia!!!
SG
Instituto Electoral de Quintana Roo
Claudia Sheinbaum Pardo
